Corresponde al Tribunal de Cuentas: 1. Controlar la legitimidad de lo ingresado e invertido, en función del presupuesto, por la administración centralizada y descentralizada, empresas del Estado, sociedades con participación estatal, beneficiarios de aportes provinciales y municipales, a excepción de los municipios incluídos en el artículo 226, que han constituído su propio organismo de contralor externo. A tal efecto puede intervenir preventivamente, en forma excepcional, en los actos administrativos que disponen gastos y en los casos expresamente autorizados, en la forma y alcances que la ley determina, sin que ello implique sustituir los criterios de oportunidad o mérito que determinaron el . 2. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos, tomar las medidas necesarias para prevenir irregularidades, promover juicio de cuentas y juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados aun después de cesar en sus cargos y a todos sus efectos, por extralimitación o cumplimiento irregular, en la forma que establece la ley. Las acciones para la ejecución de las resoluciones del Tribunal corresponden al Fiscal de Estado. 3. Dictaminar sobre la cuenta de inversión del presupuesto que el Poder Ejecutivo presenta a la Legislatura para su aprobación en el término de un año desde la presentación. 4. Informar anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que realice y emitir opinión sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio de los informes que puede elevar en cualquier momento por grave incumplimiento o irregularidades.
Qué significa en la práctica
El Tribunal de Cuentas es el auditor externo del Estado: controla que los ingresos y gastos públicos sean legítimos (inc. 1), previene irregularidades y promueve juicios de responsabilidad a funcionarios que malversen fondos (inc. 2), dictamina sobre la cuenta de inversión (inc. 3) e informa anualmente a la Legislatura (inc. 4).
Ejemplo práctico
Si una empresa pública provincial gasta fondos en conceptos no autorizados por el presupuesto, el Tribunal de Cuentas puede promover un juicio de responsabilidad contra los directivos responsables, incluso después de que dejen sus cargos.