La radiodifusión y televisión constituyen un orientado al desarrollo integral de la Provincia y sus habitantes, el crecimiento de sus regiones, la conformación de su identidad cultural y el pleno ejercicio del derecho de información. El Estado garantiza el derecho de las audiencias a expresar orgánicamente su opinión y a participar en la formulación de políticas públicas sobre comunicación social. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio estatal o privado, sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial y se promueve la instalación de emisoras a cargo de organizaciones sociales sin fines de lucro que persigan objetivos de interés público.