El pueblo y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de gobierno están sometidos a los límites que establecen esta Constitución, la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales ratificados por el Estado argentino y las leyes dictadas en su consecuencia. La soberanía reside en el pueblo y emana exclusivamente de él. Nadie puede atribuirse legítimamente su ejercicio.