Las víctimas de delitos y, en su caso, sus familiares tienen derecho a un trato digno y respetuoso de su , al , a ser informados de manera clara y oportuna sobre sus derechos y a conocer el estado de la investigación, el proceso penal y las decisiones que se adopten. Tienen derecho a participar en el proceso penal en forma activa en las condiciones que determine la ley. El Estado procura su debida asistencia, evitando conductas discriminatorias y cualquier forma de revictimización. La debida diligencia en el proceso judicial será reforzada cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad.