Volver al listado

Ley 16.986

VigenteNacional

Acción de Amparo

Sanción:18 de octubre de 1966Promulgación:18 de octubre de 1966BO:20 de octubre de 1966Ver fuente oficial
20artículos
amparogarantías constitucionalesprocedimientoderechos constitucionalestutela judicial
Contexto de la ley

Resumen ejecutivo

La Ley de Amparo (1966) es la ley que reglamenta la acción de en el orden nacional. El es la garantía constitucional (hoy consagrada en el Art. 43 — Constitución Nacional) que permite a toda persona pedir a un juez, por una vía rápida y expedita, que haga cesar un acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace derechos o garantías reconocidos por la Constitución —quedando la libertad individual amparada por el —. La ley establece los supuestos en que el NO es admisible (cuando hay otras vías idóneas, cuando el acto emana del Poder Judicial, cuando comprometería un , cuando se requiere mayor debate o prueba, o si se presentó fuera de los quince días hábiles), la legitimación (toda persona física o jurídica afectada, y ciertas asociaciones), la del juez de primera instancia del lugar del acto, y un procedimiento sumarísimo: con la prueba, informe circunstanciado de la autoridad requerida, prueba acotada (hasta cinco testigos, sin absolución de posiciones), y en plazos brevísimos. Regula además el régimen de (48 horas), las costas al vencido y la improcedencia de sin causa, excepciones e incidentes. Sigue siendo la norma procesal de base del , complementada por el artículo 43 de la Constitución tras la reforma de 1994.

Objetivo

Reglamentar la acción de : cuándo procede contra actos de autoridad pública y con qué procedimiento rápido.

Problema que resuelve

La necesidad de una vía judicial rápida para proteger derechos constitucionales frente a actos arbitrarios o ilegales de la autoridad pública.

A quiénes alcanza

toda persona afectada en sus derechosautoridades públicasjueces
Análisis jurídico

Obligaciones

  • La autoridad requerida debe evacuar un informe circunstanciado sobre el acto impugnado dentro del plazo que fije el juez (su omisión anula el proceso).

Derechos que reconoce

  • Toda persona afectada puede pedir por vía rápida la tutela judicial de un derecho o garantía constitucional frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal de la autoridad pública.

Casos de uso

  • Iniciar un para frenar un acto arbitrario de un organismo público.
  • Conocer los plazos y requisitos del procedimiento de .

Preguntas frecuentes

Una garantía constitucional (art. 43 de la Constitución) que permite pedir a un juez, por una vía rápida, que haga cesar un acto u omisión de autoridad pública que, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione o amenace un derecho constitucional. La libertad individual se protege en cambio por el .