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Ley 23.696

VigenteNacional

Ley de Reforma del Estado

BO:23 de agosto de 1989Ver fuente oficial
1 reforma — ver historial
1999Ley 25.108vigente

La Ley 25.108 incorporó al final del artículo 9 de la Ley 23.696 la siguiente excepción: se exceptúa de la declaración de "sujeta a privatización" al Banco de la Nación Argentina, el que deberá continuar su actividad como institución bancaria de propiedad del Estado nacional.

70artículos
1modif.
Reforma del EstadoPrivatizacionesEmergencia administrativaEmpresas públicas
Contexto de la ley

Resumen ejecutivo

Ley base de las privatizaciones (1989): emergencia administrativa, procedimiento de privatización con control del Congreso, Programas de Propiedad Participada, protección del empleo y suspensión de juicios contra el Estado.

Objetivo

Reformar el Estado declarando la emergencia administrativa y habilitando la privatización y concesión de empresas y servicios públicos.

Problema que resuelve

El déficit y la ineficiencia de las empresas públicas; buscó reestructurar el Estado mediante privatizaciones y concesiones.

A quiénes alcanza

Empresas y entes públicosTrabajadores del sector públicoInversores privadosEstado Nacional
Análisis jurídico

Obligaciones

  • La declaración de una empresa como sujeta a privatización debe ser aprobada por el Congreso
  • Las privatizaciones requieren tasación previa y control de la Sindicatura General de la Nación
  • El Estado debe proteger el empleo y la situación laboral de los trabajadores en los procesos de privatización

Derechos que reconoce

  • Los empleados del ente a privatizar pueden participar mediante un Programa de Propiedad Participada
  • Los trabajadores mantienen sus derechos de seguridad social durante la privatización
  • El capital privado puede adquirir o concesionar empresas y servicios públicos declarados sujetos a privatización

Casos de uso

  • Entender el marco legal de las privatizaciones
  • Conocer el Programa de Propiedad Participada
  • Saber por qué el 70/2023 cita esta ley

Preguntas frecuentes

Declaró la emergencia administrativa del sector público y habilitó las privatizaciones y la participación del capital privado en las empresas del Estado.