La Ley 25.264 sustituyó el artículo 10 de la Ley 25.053, ampliando los docentes alcanzados por el incentivo -gestión privada subvencionada, escuelas de universidades nacionales, de ministerios, de otros organismos oficiales y municipales-, e incorporó el artículo 13 bis con las reglas de liquidación del incentivo frente al salario de cada jurisdicción.
La Ley 25.733 sustituyó el primer párrafo del artículo 11 (montos mínimos a distribuir por los ejercicios 2002 y 2003) y le incorporó un segundo párrafo que afecta al financiamiento del fondo el incremento de recaudación del impuesto de la Ley 25.413.
La Ley 25.919 prorrogó la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente por cinco años a partir del 1º de enero de 2004 —o hasta la aprobación de una Ley de Financiamiento Educativo Integral— e incorporó al artículo 11 de la Ley 25.053 los párrafos tercero a sexto, que definen la fórmula de cálculo del monto anual a distribuir, obligan a incluirlo en el presupuesto nacional dentro de la jurisdicción 70 con cargo a Rentas Generales y fijan en $973.369.963 la suma correspondiente al ejercicio 2004.
Resumen ejecutivo
La ley nació de la Carpa Blanca docente instalada frente al Congreso en 1997. Su idea central es simple: crear una plata atada por ley al docente, que el Estado nacional recauda y las provincias solo pueden usar para eso. El financiamiento original fue el llamado "impuesto al automotor" (1% del valor de mercado de autos, motos grandes, barcos y aviones), pensado como emergencia por cinco años. El Fondo debía repartir al menos $700 millones por año. El Poder Ejecutivo vetó parcialmente la ley: observó la retroactividad al 1 de enero de 1998, la garantía del piso de $700 millones a cargo del Tesoro y el artículo 20 completo (la liquidación retroactiva en dos cuotas durante 1998).Objetivo
Mejorar la retribución de los docentes de todo el país mediante un fondo específico, financiado con un impuesto propio, que se transfiere a las provincias con destino exclusivo y control federal.Problema que resuelve
A fines de los 90 la educación estaba transferida a las provincias, pero muchas jurisdicciones no podían sostener los salarios docentes: había atrasos, quitas y fuertes desigualdades entre provincias. No existía ningún recurso nacional atado por ley al docente. La protesta de la Carpa Blanca puso el tema en la agenda y esta ley fue la respuesta legislativa.A quiénes alcanza
Obligaciones
Derechos que reconoce
Casos de uso
Preguntas frecuentes