Resumen ejecutivo
Ley modificatoria de cuatro artículos que ordenó el punto más delicado del régimen de trasplantes: qué se hace cuando la persona fallecida murió de manera violenta y su cuerpo es, al mismo tiempo, un potencial donante y la prueba principal de una causa penal. Sustituye el Art. 22 — Ley de Trasplantes (1993) para exigir que la autoridad competente agote los recaudos para ubicar a los familiares, que el juez de la causa ordene dentro de las seis horas del fallecimiento la intervención del médico forense para dictaminar si la ablación afecta el examen autopsial, y que la autorización se documente en una resolución judicial fundada que especifique qué órganos pueden ablacionarse. También exige que la negativa judicial sea justificada. Incorpora un artículo 22 bis que separa tajantemente al equipo de trasplante de los médicos forenses, obliga al jefe del equipo a informar al juez qué se ablacionó, en qué estado y por qué no se ablacionó lo autorizado, con responsabilidad solidaria de todo el equipo, y obliga al INCUCAI a informar el destino de cada órgano. Finalmente ajusta el inciso b) del artículo 27. La ley perdió vigencia cuando el Art. 71 — Ley de Trasplante (Ley Justina) -Ley Justina- derogó la Ley de Trasplantes (1993) en 2018: al desaparecer la ley madre, las reformas que esta norma le había incorporado dejaron de tener objeto.Objetivo
Compatibilizar la investigación penal de una muerte violenta con la posibilidad de donar órganos, fijando plazos breves, intervención forense y control judicial documentado.Problema que resuelve
En una muerte violenta el cuerpo cumple dos funciones que compiten entre sí: es evidencia para la autopsia y es fuente de órganos que salvan vidas, con una ventana de viabilidad de pocas horas. Antes de esta reforma no había un procedimiento claro: no se sabía en cuánto tiempo debía expedirse el juez, quién dictaminaba si la ablación arruinaba la autopsia, ni qué debía informar el equipo médico después. El resultado era la pérdida de órganos viables por demoras o, en el otro extremo, el riesgo de comprometer la prueba penal.A quiénes alcanza
Obligaciones
Derechos que reconoce
Sanciones
Casos de uso
Preguntas frecuentes