Resumen ejecutivo
La ley resuelve un problema puntual de financiamiento. La provincia de Mendoza había licitado la construcción de un complejo penitenciario bajo una modalidad integral —proyecto, financiamiento, obra, equipamiento y puesta en funcionamiento— pero necesitaba una garantía de peso para conseguir el crédito. El Congreso autoriza entonces al Poder Ejecutivo nacional a actuar como avalista por hasta setenta millones de pesos. El aval no es un subsidio ni una transferencia: es una garantía. Si Mendoza no paga, el Estado nacional responde ante el acreedor. La autorización es acotada en monto y en destino: sólo esa suma y sólo esa licitación.Objetivo
Habilitar el financiamiento de un establecimiento penitenciario provincial mediante una garantía del Estado nacional, sin comprometer partidas presupuestarias directas.Problema que resuelve
Mendoza tenía adjudicada una obra penitenciaria de gran escala pero no conseguía crédito en condiciones razonables sin una garantía soberana: sin aval, la obra quedaba trabada.A quiénes alcanza
Obligaciones
Casos de uso
Preguntas frecuentes