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Ley 26.653

VigenteNacional

Accesibilidad de la Información en las Páginas Web

Sanción:3 de noviembre de 2010Promulgación:26 de noviembre de 2010BO:1 de diciembre de 2010Ver fuente oficial
13artículos
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Contexto de la ley

Resumen ejecutivo

La Ley de Accesibilidad Web (2010) es la principal norma de accesibilidad digital de la Argentina y una de las primeras de la región. Obliga al Estado nacional —sus tres poderes, organismos descentralizados, entes públicos no estatales, empresas del Estado y concesionarias de servicios públicos— a respetar en el diseño de sus páginas web las normas de accesibilidad que faciliten el acceso a la información de las personas con discapacidad, garantizando la igualdad real de oportunidades. Define la accesibilidad, encomienda las normas técnicas a la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fija plazos de adecuación (24 meses para las páginas existentes, 12 para las nuevas) y condiciona los subsidios y contrataciones al cumplimiento.

Objetivo

Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la información de las páginas web del Estado en igualdad de oportunidades y sin discriminación.

Problema que resuelve

Las barreras digitales para las personas con discapacidad; obliga a diseñar los sitios web estatales de forma accesible.

A quiénes alcanza

personas con discapacidadEstado nacionalconcesionarias de servicios públicosONTI
Análisis jurídico

Obligaciones

  • •El Estado y las concesionarias deben diseñar sus páginas web conforme a las normas de accesibilidad de la ONTI.
  • •Las compras de tecnología del Estado deben contemplar los requisitos de accesibilidad.

Derechos que reconoce

  • •Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la información de las páginas web del Estado en igualdad de condiciones.

Casos de uso

  • •Exigir la accesibilidad de un sitio web estatal.
  • •Verificar el cumplimiento de los estándares de la ONTI.

Preguntas frecuentes

Obliga al Estado nacional y a las concesionarias de servicios públicos a diseñar sus páginas web de forma accesible para las personas con discapacidad.