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Ley 26.973

VigenteNacional

Acuerdo complementario de asistencia jurídica mutua en asuntos penales del Mercosur, Bolivia y Chile

Sanción:27 de agosto de 2014BO:22 de septiembre de 2014Ver fuente oficial
2artículos
asistencia jurídica mutuacooperación penalMercosur
Contexto de la ley

Resumen ejecutivo

Aprueba un Acuerdo complementario (6 artículos, Brasilia, 5 de diciembre de 2002) y su fe de erratas (Puerto Iguazú, 7 de julio de 2004) del Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur, Bolivia y Chile. La asistencia jurídica mutua permite que las autoridades judiciales de un país pidan a las de otro que realicen actos de investigación (tomar declaraciones, secuestrar bienes, notificar, remitir documentos, localizar personas) para una causa penal. El complemento aprueba dos formularios uniformes que estandarizan las solicitudes de asistencia y su diligenciamiento entre los países del bloque.

Objetivo

Estandarizar, mediante formularios uniformes, las solicitudes de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre los países del Mercosur ampliado.

Problema que resuelve

Las solicitudes de cooperación penal entre países usaban formatos dispares, lo que demoraba su tramitación; los formularios comunes agilizan y ordenan el intercambio.

A quiénes alcanza

autoridades judiciales y fiscalespersonas investigadas o víctimas en causas penales transnacionales
Análisis jurídico

Obligaciones

  • •Los Estados deben tramitar las solicitudes de asistencia penal mediante los formularios uniformes aprobados y diligenciar los actos pedidos conforme al Acuerdo.

Derechos que reconoce

  • •Que la justicia argentina obtenga con mayor celeridad medidas de prueba y cooperación de los demás países del bloque.
  • •Que el Estado argentino quede obligado internacionalmente por el Acuerdo.

Casos de uso

  • •Un fiscal argentino solicita a Brasil, mediante el formulario uniforme, la toma de declaración de un testigo residente allí para una causa penal.

Preguntas frecuentes

Es la cooperación por la cual las autoridades de un país realizan, a pedido de otro, actos de investigación para una causa penal (declaraciones, secuestros, notificaciones, envío de documentos).