Resumen ejecutivo
Sancionada en 2017, incorpora al derecho argentino la responsabilidad penal de las empresas por delitos de corrupción. La empresa responde por los hechos cometidos en su nombre, interés o beneficio, con penas que van de la multa a la disolución. Crea incentivos al cumplimiento: la exención de pena para quien denuncia, tiene un Programa de Integridad y devuelve el beneficio; el acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía; y la exigencia de programas de integridad para contratar con el Estado. También reforma varios delitos del Código Penal de la Nación Argentina.Objetivo
Responsabilizar penalmente a las personas jurídicas por hechos de corrupción y promover la prevención mediante programas de integridad (compliance).Problema que resuelve
Antes de esta ley las empresas no podían ser penalmente responsables por los actos de corrupción cometidos en su beneficio: solo respondían las personas humanas, lo que dejaba sin sanción a la organización que se beneficiaba.A quiénes alcanza
Obligaciones
Derechos que reconoce
Sanciones
Casos de uso
Preguntas frecuentes