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Decreto 891/2017

VigenteDecretoNacional

Buenas Prácticas en Materia de Simplificación

Sanción:1 de noviembre de 2017BO:2 de noviembre de 2017Ver fuente oficial
13artículos
Simplificación administrativaMejora regulatoriaGobierno digitalModernización del EstadoDesburocratización
Contexto de la ley

Resumen ejecutivo

El Decreto 891/2017 fija un estándar de "buenas prácticas" que todos los organismos del Sector Público Nacional deben aplicar al diseñar trámites y dictar normas. Se apoya en las recomendaciones de la OCDE sobre mejora regulatoria y en el Plan de Modernización del Estado (Decreto 434/2016). Sus trece principios buscan reducir cargas burocráticas innecesarias, digitalizar procesos y poner al ciudadano en el centro.

Objetivo

Simplificar el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, reduciendo cargas y complejidades innecesarias mediante regulaciones de cumplimiento simple y procesos digitales orientados al ciudadano.

Problema que resuelve

La proliferación de regulaciones anacrónicas, trámites excesivos y exigencias documentales redundantes que generaban dilaciones y costos infundados a ciudadanos y empresas.

A quiénes alcanza

CiudadanosEmpresasOrganismos del Sector Público NacionalAdministración Pública Nacional
Análisis jurídico

Obligaciones

  • Dictar normas y regulaciones simples, claras, precisas y de fácil comprensión (art. 3).
  • Confeccionar textos actualizados de las normas y guías de trámites, y depurar el inventario normativo (art. 3).
  • Aplicar mejoras continuas de procesos usando nuevas tecnologías y los instrumentos menos onerosos (art. 4).
  • Evaluar la implementación de las normas regulatorias dictadas (art. 5).
  • Incrementar mecanismos de participación ciudadana antes de dictar nuevas regulaciones (art. 6).
  • Partir del principio de buena fe del ciudadano, admitiendo declaraciones juradas (art. 7).
  • Crear únicamente registros digitales, gratuitos y con autorización previa (art. 12).

Derechos que reconoce

  • Derecho del ciudadano a acreditar situaciones mediante declaración jurada, sin documentación redundante (art. 7).
  • Derecho a trámites regidos por el principio de gratuidad en los nuevos registros (art. 12).
  • Posibilidad de beneficiarse del silencio positivo de la Administración cuando corresponda (art. 10).
  • Derecho a participar y ser consultado en la elaboración de nuevas regulaciones (art. 6).

Casos de uso

  • Un organismo que crea un nuevo registro: ahora debe ser digital, gratuito y contar con autorización previa del Jefe de Gabinete o del PEN.
  • Un ciudadano al que le exigían un certificado ya presentado: puede reemplazarlo por una declaración jurada.
  • Un área que dicta una nueva regulación con cargas: debe reducir simultáneamente el inventario normativo existente.

Preguntas frecuentes

Aprueba las "Buenas Prácticas en Materia de Simplificación" que rigen cómo funciona el Sector Público Nacional y cómo se dictan las normas: regulaciones simples, procesos digitales, buena fe del ciudadano y reducción de cargas.