Será reprimido con prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
Qué significa en la práctica
El enriquecimiento ilícito penaliza al funcionario que no puede explicar un incremento patrimonial apreciable durante o hasta 2 años después de su cargo público: 2–6 años + multa del 50–100% del enriquecimiento + inhabilitación perpetua. Aplica también a testaferros.
Ejemplo práctico
Funcionario cuyo patrimonio se triplica en 4 años de gestión sin explicación lícita
Efectos prácticos
•Es inversión de la carga de la prueba: el funcionario debe justificar el origen
•La CSJN debatió su constitucionalidad por afectar la presunción de inocencia
•Cancelar deudas inexplicablemente también configura enriquecimiento