Ninguna autoridad o agente del poder público podrá ejercitar atribuciones ni ordenar o ejecutar decisiones particulares válidas fuera de los límites fijados por una disposición general preexistente.
Qué significa en la práctica
Los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite. No pueden tomar decisiones que vayan más allá de sus atribuciones legales, y si lo hacen, esas decisiones son inválidas.
Ejemplo práctico
Un inspector municipal no puede clausurar un comercio si no existe una norma previa que lo autorice a hacerlo por esa causa.