Todo el poder emana del pueblo y pertenece al pueblo, que lo ejerce por medio de sus representantes con arreglo a esta Constitución, y a través de los derechos de Iniciativa popular, Consulta popular y Revocatoria. La ley los reglamentará con sujeción a las siguientes normas: 1) La Iniciativa popular, para presentar proyectos de ley u ordenanzas, requerirá la petición de no más del tres por ciento de los ciudadanos del padrón electoral correspondiente. El Poder Legislativo o los Concejos Municipales deberán darle expreso tratamiento en el plazo de doce meses. No podrán plantearse por esta vía cuestiones atinentes a tributos, presupuesto y reforma de la Constitución. 2) La Consulta popular vinculante será convocada por los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados o de los concejos municipales, y para que la misma se considere válida, se requerirá que los votos emitidos hayan superado el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en los registros cívicos. Para su aprobación será necesario el voto afirmativo de más del cincuenta por ciento de los válidamente emitidos. 3) La Revocatoria de los mandatos de los funcionarios electivos, por las causales previstas para el —a petición de no menos del tres por ciento de los ciudadanos de los padrones electorales respectivos, y aprobada por la mayoría absoluta de los electores inscriptos— destituye al funcionario.
Qué significa en la práctica
El poder político pertenece al pueblo. Los ciudadanos pueden participar directamente de tres formas: (1) Iniciativa popular: el 3% del padrón puede presentar proyectos de ley; la Legislatura debe tratarlos en 12 meses (excluye impuestos, presupuesto y reforma constitucional). (2) Consulta popular vinculante: los 2/3 de la Cámara la convocan; es válida si vota más del 50% del padrón y se aprueba si supera el 50% de los votos emitidos. (3) Revocatoria de : el 3% del padrón puede iniciarla contra funcionarios electivos por causales del ; la destituye si la aprueba la mayoría absoluta de los inscriptos.
Ejemplo práctico
Un grupo de vecinos que reúna firmas equivalentes al 3% del padrón provincial puede presentar un proyecto de ley sobre transporte público, y la Legislatura está obligada a debatirlo dentro de 12 meses.