Las medidas de protección familiar deben contemplar políticas activas de lucha contra las adicciones perjudiciales para la salud. El Estado Provincial debe desarrollar, en coordinación con la Nación, los municipios y los actores sociales, campañas de información general y de asistencia familiar, proveyendo los recursos necesarios para la investigación, prevención y atención de la problemática, como asimismo para el tratamiento, recuperación e inserción social de los afectados.
Qué significa en la práctica
El Estado tiene la constitucional de combatir las adicciones en el marco de la protección familiar, coordinando acciones con la Nación y los municipios. Debe proveer recursos para prevención, tratamiento, recuperación e inserción social de personas con adicciones.
Ejemplo práctico
Una familia con un miembro afectado por adicciones puede reclamar al Estado provincial que provea asistencia y tratamiento; la omisión estatal puede dar lugar a acciones de amparo por incumplimiento constitucional.