Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en forma integral, lo que incluye el derecho a la identidad y a la identificación, y los demás derechos y garantías contemplados en esta Constitución, la Constitución Nacional, los Tratados y las leyes. La recreación y el amor constituyen la base de la formación de su personalidad. La familia asegura prioritariamente su protección integral. El Estado legisla y promueve medidas de acción positiva que tienen por objeto esencial la prevención, detección temprana y de las situaciones de amenaza o violación de los principios, derechos y garantías del niño, de la niña y del adolescente, especialmente de los que se encuentren en situación de riesgo. Debe remover los obstáculos de cualquier orden que limiten la efectiva y plena realización de sus derechos. El estado asegura a los niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, los siguientes derechos y garantías: a ser oídos por la autoridad competente, a que su opinión sea tomada en cuenta al momento de arribar a una decisión que los afecte y a ser asistidos por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que los incluya. Si carecieren de recursos económicos, el Estado debe asignarles , un letrado que los patrocine. En caso de detención deben ser alojados en establecimientos especiales que resguarden su integridad física y psíquica.
Qué significa en la práctica
Los menores tienen derecho al desarrollo integral y a la identidad. En cualquier juicio o trámite administrativo que los afecte deben ser escuchados, su opinión tenida en cuenta y asistidos por abogado especializado en niñez ( si no tienen recursos). Si son detenidos, deben alojarse en establecimientos especiales, nunca en cárceles de adultos.
Ejemplo práctico
En un proceso de guarda o adopción, el juez debe escuchar al niño/a afectado y considerar su opinión según su edad y madurez; si la familia no puede pagar un abogado, el Estado debe proveer uno especializado en niñez de forma gratuita.