Vetó los artículos 29 (puntos 2 y 3) y 47 relativos a la estructura y funcionamiento del órgano de control.
Reglamentó la ley y modificó el artículo 46, estableciendo 180 días para que los archivos existentes se adecuen al régimen legal.
Incorporó el artículo 47: eliminación de datos sobre obligaciones morosas o mal clasificadas del período 2000–2003 que estuvieran canceladas o regularizadas.
Resumen ejecutivo
La Ley de Protección de los Datos Personales es la norma fundamental de privacidad en Argentina. Establece que nadie puede usar tus datos personales sin tu consentimiento, que tenés derecho a saber qué datos guardan sobre vos, y que podés pedir que los corrijan o borren. Las empresas y organismos que manejan bases de datos tienen obligaciones concretas y pueden ser sancionados si las incumplen.Objetivo
Garantizar la protección integral de los datos personales para asegurar el derecho a la , honor y dignidad de las personas físicas y jurídicas.Problema que resuelve
Antes de esta ley, empresas y organismos podían recopilar, ceder y comercializar datos personales sin ningún control. Las personas no sabían qué información se guardaba sobre ellas ni podían corregir errores que les afectaban (como datos crediticios falsos). Tampoco existía un mecanismo judicial rápido para proteger la privacidad.A quiénes alcanza
Obligaciones
Derechos que reconoce
Sanciones
Casos de uso
Preguntas frecuentes
Anexo I — Decreto Reglamentario 1558/2001
El Decreto 1558/2001 reglamentó la Ley 25326 y estableció: (1) La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales como órgano de control; (2) El procedimiento de inscripción de bases de datos; (3) El plazo de 180 días para la adecuación de archivos existentes al régimen legal; (4) Las condiciones de transferencia internacional de datos personales; (5) El régimen de auditorías periódicas.
Anexo II — Ley 26343 — Datos de deudores período 2000-2003
La Ley 26343 (sancionada en enero 2008) incorporó el artículo 47 a la Ley 25326, disponiendo la eliminación de datos sobre obligaciones morosas o mal clasificadas correspondientes al período de crisis económica 2000-2003, siempre que dichas obligaciones estuvieran canceladas o regularizadas. La norma tuvo un impacto masivo sobre los informes crediticios de millones de argentinos afectados por la crisis del 2001.