La
será atendida por la Secretaría de Derechos Humanos, con el presupuesto
correspondiente al año siguiente de la sanción de esta ley.
Qué significa en la práctica
La se financia con el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos correspondiente al año siguiente al de la sanción de la ley. Es decir, el costo no se imputa a una partida general: recae sobre el organismo que va a quedar a cargo del inmueble.