Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la , y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
Qué significa en la práctica
Los niños no pueden ser torturados, sometidos a tratos crueles ni condenados a muerte o prisión perpetua. Su detención es el último recurso y debe durar el menor tiempo posible. Un niño detenido debe estar separado de adultos, tener contacto con su familia y acceso a un abogado.
Ejemplo práctico
Un menor imputado no puede ser alojado en una cárcel de adultos
Efectos prácticos
•Prohíbe absolutamente la pena de muerte y la prisión perpetua para menores de 18 años
•La detención de menores es medida de último recurso (Ley 27.801)
•Los centros de detención juvenil deben separar a los menores de los adultos
•El niño detenido tiene derecho a asistencia jurídica gratuita e inmediata