El artículo 9 de la Ley 26.268 sustituyó el artículo 1 de esta ley, reemplazando la definición autónoma de hecho de terrorismo por una remisión a los delitos de asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo incorporados al Código Penal.
El artículo 6 de la Ley 26.734 dispuso que se consideran comprendidas en el artículo 1 de esta ley las acciones delictivas cometidas con la finalidad específica del artículo 41 quinquies del Código Penal (aterrorizar a la población u obligar a las autoridades a hacer o no hacer algo).
Resumen ejecutivo
Sancionada en febrero de 2000, esta ley fue la primera en el derecho argentino en dar una definición legal de hecho de terrorismo y en construir alrededor de ella un régimen de colaboración premiada. Exigía tres elementos para calificar un hecho como terrorista: autores integrantes de una asociación ilícita u organización creada para causar alarma o temor, empleo de explosivos, inflamables, armas o elementos de elevado poder ofensivo, y aptitud para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Sobre esa base habilitaba dos beneficios: la escala de la o la mitad de la pena para quien colaborara eficazmente, y el mínimo legal de la especie de pena cuando la información permitiera acreditar la asociación ilícita o desbaratarla. La decisión quedaba en manos del tribunal del juicio, aunque la reducción probable podía computarse para excarcelar antes. La ley protegía el contradictorio (las declaraciones sin control de fiscal, y defensa carecían de valor), limitaba el uso de la prueba a la causa y sus conexas, castigaba el señalamiento falso con uno a tres años de prisión y ordenaba medidas de protección que llegaban a la sustitución de identidad. Su artículo 1 fue sustituido por la Ley 26.268 en 2007 y ampliado por la Ley Antiterrorista en 2011; toda la ley fue derogada por la Ley del Arrepentido en 2016, que generalizó el régimen de arrepentido.Objetivo
Dotar al Estado de una herramienta de investigación para desarticular organizaciones terroristas, premiando con una pena menor al integrante que aportara información decisiva, y rodear ese premio de controles para que no se transformara en una fábrica de acusaciones falsas.Problema que resuelve
Los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) dejaron al descubierto la enorme dificultad de investigar organizaciones cerradas y compartimentadas: sin colaboración desde adentro, las causas se estancaban. El derecho argentino tampoco tenía una definición legal de terrorismo a la que anclar herramientas procesales especiales.A quiénes alcanza
Obligaciones
Derechos que reconoce
Sanciones
Casos de uso
Preguntas frecuentes